Confirman condenas de funcionarios de la PDI por corrupción

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación y ratificó la sentencia que condenó a seis funcionarios de la PDI por su responsabilidad en una serie actos de corrupción, cometidos entre 2000 y 2005.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo confirmó la sentencia recurrida, dictada por el ministro en visita Alejandro Rivera Muñoz, quien condenó a:
-Ricardo Antonio Cari Orellana a 61 días de presidio, accesoria de suspensión del cargo u oficio público por el tiempo que dure la condena y al pago de las costas del juicio, en calidad de autor de delitos informáticos, perpetrados en Santiago, en 2004. Además, de 41 días de presidio, accesoria de inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios públicos temporales en la misma cuantía, suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, en calidad de autor del delito de cohecho, perpetrado en Santiago, en 2005;
-Hermes Gustavo García Arquero a 41 días de presidio, accesoria de inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios públicos temporales en la misma cuantía, la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de cohecho, perpetrado en Santiago, en 2005;
-Jorge Enrique Cari Gacitúa y Rómulo Alejandro Aitken Hellec a las penas de 61 días de reclusión, accesoria de inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios públicos temporales en la misma cuantía, la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas de la causa, en calidad de autores del delito de soborno, perpetrado en Santiago en 2005;
-Patricia Yolanda Castro Arce a 41 días de presidio, accesoria de inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios públicos temporales en la misma cuantía, la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas de la causa, en calidad de autora del delito de soborno, perpetrado en Santiago, en 2005, y
-Alonso Benjamín Latorre Zúñiga a la pena de 61 días de reclusión, accesoria de inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios públicos temporales en la misma cuantía, la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de soborno, perpetrado en Santiago, en 2005.