Ley de Cuotas en Discapacidad, necesaria pero insuficiente

Por unanimidad, la sala del Senado aprobó el 25 de octubre el proyecto de ley, que incentiva la inclusión de personas en situación de discapacidad al mundo laboral, y que modifica la ley 20.422 estableciendo una reserva legal de empleos para personas con discapacidad.
El proyecto, entre otras materias, busca crear un sistema de inclusión laboral que obliga a los organismos públicos civiles y militares y a las grandes empresas privadas – en ambos casos con 200 o más trabajadores- a reservar una cuota mínima de un 1% para personas con discapacidad o que reciban pensión de invalidez.
Además, consagra el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo, prohibiendo explícitamente todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones basadas en motivos de discapacidad.
A esto se agrega que la derogación paulatina del Artículo 16 de la ley Nº 18.600, que permite que en el contrato que celebre la persona con discapacidad mental, podrá estipularse una remuneración libremente convenida entre las partes, no aplicándose a este respecto las normas sobre ingreso mínimo.
Según lo planteado en el proyecto, las personas en situación de discapacidad NO SON CHILENOS, con los mismos derechos y deberes que cualquiera de nosotros, respecto a remuneraciones y acceso al empleo.
Hoy miércoles 23 de noviembre, la aprobación definitiva se vota en el Congreso.
De acuerdo a estudios de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 14 países en la región cuentan con cuotas de reserva de empleo público que van del 2% al 7%, y en muchos de estos casos la cuota se extiende también al sector privado. Además, ocho dan preferencia en procesos de licitación pública a empresas que les contraten, y quince dan incentivos por hacerlo.
¿Será suficiente sólo contar con un mecanismo de discriminación positiva, cuando en países como Estados Unidos o España, la cuota tampoco se cumple siempre pues resulta beneficioso elegir entre las medidas alternativas que estipula la ley?
En países como España, existe una ley que no solo fuerza la contratación de personas con discapacidad, sino que además ofrece incentivos y medidas alternativas de cumplimiento, que promueven la inclusión laboral de este colectivo, y recientemente estipula medidas de fiscalización y penalización que van más allá de multar a las compañías que las incumplan.
Lamentablemente, en Chile desconocemos si la propuesta incorporará la capacitación al sector productivo, medidas alternativas de cumplimiento en caso de que la cuota no se cumpla; o medidas de penalización o fiscalización.
Hoy se requiere no sólo forzar un cambio mediante una ley de cuotas, para así generar también un cambio cultural respecto a esta temática, sino que a su vez, capacitar a las empresas, para se garantice una cantidad mínima de personas incluidas, y a la vez procesos de calidad que resulten positivos tanto para el nuevo trabajador y su familia, como para la organización donde se incorporará.

Modelo de inserción más inclusivo
El Empleo con Apoyo es una tecnología social que constituye un modelo de inclusión en España y Estados Unidos, donde se encuentra regulado por ley y funciona a la par con otros sistemas de inclusión financiados por el gobierno.
Asimismo, es un modelo que en Brasil se pretende regular, mediante la Proposta de Anteprojeto de Lei de Política Pública de Emprego Apoiado, Dezembro de 2014, del Instituto de Tecnología Social de Brasil, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno.
Desde sus inicios, es el modelo que más resultados positivos ha tenido a largo plazo en la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral abierto, entregando apoyos tanto a la persona con discapacidad como al entorno donde será incluido.
Habiendo ratificado en 2008 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestro país se encuentra obligado a adaptar su legislación laboral, para que estas personas no sean discriminadas por más tiempo de poder acceder a trabajar junto a los demás ciudadanos, en el mercado laboral ordinario.
En esta línea, resulta insuficiente imponer una cuota mínima de trabajadores con discapacidad en las empresas, sin diseñar políticas que amparen un sistema de empleo integrado, que prevea los mecanismos necesarios para financiar los servicios de apoyo que necesitan no sólo las personas con discapacidad y sus familias, sino que también las empresas. Así se dará un salto cualitativo hacia un Estado moderno que cumple la Convención de la ONU y que, en consecuencia, propone una vía única de acceso al empleo para todos sus ciudadanos.