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Cuestionan demora del Gobierno para modificar duración de años escolares

El Gobierno ingresó un proyecto de ley para aplazar la puesta en marcha de la reforma al sistema escolar, que reduce la educación básica a seis años y amplía la media en idéntica cantidad de niveles. La medida había sido contemplada para ser implementada el próximo año. Con la iniciativa, la modificación se aplaza hasta 2027.
Para el académico del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Daniel Ríos, ni siquiera es seguro que el nuevo sistema pueda implementarse en esa fecha, debido a que aún no se ha hecho nada. “Da la impresión de que no se ha preparado nada o muy poco. Yo no manejo evidencia de que se hayan ponderado los factores para poner en marcha esta reforma a fin de año”, critica.
“Si en ocho años no se tuvo la planificación necesaria”, continúa, “queda la duda de que estamos ante un proceso complejo que, si no se realizan una serie de acciones, puede postergarse incluso más”. En ese sentido, indica que 2027 “es un plazo absolutamente referencial”.
“Es un nueve más nueve para no hacer nada o muy poco”, sostiene el académico en alusión a que el cambio había quedado establecido por la Ley General de Educación en 2009. Es decir, para que se implemente, mínimo deberán pasar dieciocho años desde que se planteó.
Para el especialista, “la postergación impide que el sistema escolar chileno esté a la par de otros sistemas que se han modernizado para ser más vinculantes con el nuevo tipo de sociedad y desarrollo”. En ese sentido, cita los casos de Argentina, Brasil y México.
“Es el costo de mantener la falta de sintonía con el nuevo sistema social y económico”, insiste el académico, lo que podría producir “una disminución en términos de aprendizaje”.

Cambio estructural

Para llegar a hacer este cambio se requieren “cambios estructurales”. Principalmente, en la formación docente. “Se deben generar acciones concretas para el sistema universitario de educación superior, vinculado a la formación inicial de profesores”, puntualiza.
Esto, debido a que “aún existen muchos programas de formación de profesores de educación básica que son generalistas, donde un profesor puede hacer matemáticas, educación tecnológica, religión y lenguaje”, en circunstancias que la reforma demandaría que profesores de séptimo y octavo básico impartan asignaturas con un grado de especialización.
“Hoy, en el sistema municipal tenemos muchos profesores generalistas haciendo clases en séptimo y octavo y, dadas las demandas curriculares, en términos de objetivos o aprendizajes esperados en esos niveles, es probable que existan problemas de cobertura, didácticas y evaluación, para promover mejores aprendizajes en los estudiantes”, afirma.
Por eso, plantea que es fundamental “tener claridad respecto a cuál será la entidad que capacite: ¿El CPEIP? ¿Las universidades que tienen convenios con el ministerio? Por otra parte, ¿qué cuadros académicos podrían dar cuenta de esta necesidad de formación para que estos profesores puedan dar clases en séptimo y octavo?”, enumera el especialista, lamentando que no se haya avanzado aun en ninguna de estas materias.
También, hace hincapié en la importancia de tomar acciones “para renovar las propuestas curriculares de las universidades tanto para profesores de básica como de media”.
Finalmente, recuerda que también existe un factor político que puede empantanar las aspiraciones. “Todo va a depender de la administración de turno”, lamenta.
“Esta reforma es importante para el país, porque sintoniza mejor la necesidad de los estudiantes de insertarse en su cultura. Lo interesante es la posibilidad de renovar la estructura escolar chilena, porque se nota que falta una articulación mayor entre el sistema escolar y la educación superior”, afirma.